Las organizaciones sociales Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Proyecto 7 – Gente en situación de calle, MTE y MP Nuestramérica denuncian que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para esconder a las personas en situación de calle, incumplió los acuerdos pactados y realizó un censo sin las organizaciones e instituciones.
Este nuevo censo subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas en el acuerdo logrado el año pasado. Ese acuerdo firmado en diciembre de 2020 conformaba una mesa de trabajo integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual, (dispuesto por la ley 3706/11), y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle.
¿Por qué era tan importante consumar ese acuerdo como un hecho político? ¡Porque en 2019 -año de los últimas estadísticas disponibles- las organizaciones y organismos relevaron 7251 personas en situación de calle en su Censo Popular, mientras que desde la Ciudad afirmaron que sólo había 1146!
“Durante estos meses participamos en una mesa que involucró al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat como a personal de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Durante los encuentros de trabajo de dicha mesa, no hemos logrado acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o dispositivos de alojamiento, no se han aceptado propuestas de incorporación de preguntas sobre covid, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans, se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes, se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología. Tampoco se han contemplado los riesgos en el contexto de la grave crisis sanitaria que atravesamos”, detallaron las organizaciones en un comunicado.
En ese escenario, el GCBA realizó la semana pasada el censo en una sola noche, cortándose solos sin ni avisar al resto de los organismos. ¿Qué dijo de esto la ministra María Migliore? “Creemos que el del Censo Popular es un método falible de contar personas por duplicado y lo que nosotros buscamos es una foto de la gente que duerme efectivamente en la calle, para planificar cómo vamos a asistirlos durante el año”, especificó para El Grito del Sur. Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, explicó: “En la Ciudad hay una política perversa que lleva a un subregistro de las personas en situación de calle, los resultados no van a ser los que deberían ser. Es una cuestión de entender la coyuntura y ver la realidad. Lo realizaron en un horario donde claramente no hay circulación de personas”.
Todes sabemos que la calle no es un lugar para vivir pero las políticas públicas para las personas en situación de calle jamás llegan. O sí, pero en forma de tapón de realidad.
Ustedes se preguntarán, ¿por qué insistimos en la importancia de contar a la gente en la calle en vez de resolver su derecho a la vivienda?
¿Por qué queremos que se registre la pobreza?
¿Por qué queremos que digan el número de les niñes que mueren por hambre?
Porque si ni siquiera los cuentan, ¿de qué mierda hablan los gobiernos cuando hablan de presupuesto, de proyección, de planes? No nos confundamos. No es la pandemia, ni el COVID. Las calles son casas de personas hace decenas de inviernos, y parece que ya para el gobierno, ni siquiera vale la pena contarlas.
