Durante toda la tarde de ayer el circo mediático se hizo un festín: horas y horas mostrando cómo allanaban una casilla de la Puerta 8 en Tres de Febrero. Luego móviles que mostraban cómo los pibes iban cayendo en el hospital al borde de la muerte. El despliegue de policías hacía pensar que por primera vez se enteraban que ahí se vendía cocaína, aunque ahora no podían mirar a un costado como siempre: ya había más de 10 muertos. La cifra se fue multiplicando (hasta el momento hay 20 fallecidos y más de 50 internados en grave estado) y tanto desde el ministro de Seguridad de la provincia-Sergio Berni- como desde el Ministerio de Salud, tuvieron que salir a hablar de “alerta epidemiológica” y pedir que no sigan consumiendo ya que había una partida adulterada y aún no se sabe con qué.  Lo “positivo” en esto, es que el propio Estado reconoció que existen los consumidores, ahora resta saber qué es lo próximo que va a pasar, porque claramente las cosas no pueden seguir estando como están. 

Para interiorizarnos sobre el tema dialogamos con Dalila Tealdi, Comunicadora Social e integrante de Reset, una Asociación Civil interdisciplinaria que trabaja en políticas de drogas y derechos humanos. En lo que refiere a la cobertura mediática del caso, Dalila comenta que cuando creemos que avanzamos respecto a ciertas ideas y a romper con ciertos imaginarios sobre el consumo, nos encontramos con noticias como estas, “se  vuelve a estigmatizar, se vuelve a criminalizar al usuario, a culpabilizarlo. Se habla de adicción todo el tiempo, cuando tenemos que romper con esta idea de una vez por todas porque vivimos en una sociedad donde claramente no todo consumidor es adicto. Seguimos hablando de la sustancia cuando tenemos que hablar de un contexto, de un montón de condicionantes que hacen que la persona llegue a consumir, pero eso nunca se pone en cuestión”. Estos discursos que han invadido todos los noticieros y diarios, no son más que un justificativo para seguir con la llamada “guerra contra las drogas”, cuando el único perjudicado siempre es el usuario. 

En Argentina existen dos leyes vinculadas a la problemática: Ley de Salud Mental (26.657) y Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos (26.934), pero las mismas están condicionadas por la  Ley de Drogas (23.737). Según explica Tealdi, la Ley de Consumos Problemáticos  es de 2014 y  promociona el abordaje de los consumos desde una mirada de la reducción de riesgos y daños, esto es: prevenir, educar, informar acerca de las sustancias, acompañado con la Ley de Salud Mental “que pone al consumidor en un estado más responsable respecto al uso de las sustancias”. “Tenemos todas las garantías en cuanto a leyes para avanzar hacia la reducción de riesgos y daños, pero volvemos a la persecución, a la estigmatización del consumidor. Todavía la moral pesa más que lo que podamos llegar a cambiar si efectivamente aplicáramos estas leyes. La ley de Consumos Problemáticos está desde 2014 y desde entonces no se aplica. No se habla en las escuelas de drogas, no se habla de sustancias, no se informa. Se sigue educando desde el miedo, como nos vienen educando desde hace más de 60 años”, comenta Dalila y sostiene que la ley 23737 aunque ha tenido modificaciones en relación a los fallos que fueron surgiendo, continúa igual y condiciona a que no se cumplan las otras leyes mencionadas. 

Si están las condiciones y las herramientas dadas, ¿qué es lo que esperan? ¿Que siga aumentando el número de muertos? 

En base a la respuesta del Estado por lo sucedido en PBA, la comunicadora afirma que el hecho de que Sergio Berni y el Ministerio de Salud de la provincia hayan lanzado un alerta epidemiológico, es una respuesta rápida y necesaria. “Reconocer que la gente consume, nos guste o no, es un paso a aceptar que hay que garantizar las libertades de todas las personas y garantizar un abordaje respetuoso hacia los consumidores” 

En lo que refiere estrictamente al prohibicionismo, la integrante de Reset habla de que es necesaria una nueva política ya que la actual queda vetusta antes situaciones como esta. 

“Las cárceles están llenas de consumidores o de gente que vende y son pichones de narcos con esta justificación de que agarrando el eslabón más chiquito, vamos a llegar al narco más grande. Hoy la prueba de que esta política no va más y que es necesario un cambio, la tenemos en lo que ya se hizo. Si miramos para Uruguay, Canadá, Irlanda o algunos estados de Estados Unidos, se logró la legalización o se logró la regulación. ¿Eso generó más consumo? No, es una garantía para la persona.  Quiere consumir marihuana tranquilo en su casa. Sabe mínimamente la procedencia, sabe la calidad, sabe que no está adulterada. Hoy por hoy con esta lógica prohibicionista no podemos seguir, porque esto pasó ayer y estamos con 20 muertos hasta el momento y 70 internados, pero se está hablando de que circularon 5 mil papeles”. 

“El prohibicionismo lo que hace es permitir, directa o indirectamente, la construcción de un mercado ilegal. La intervención del Estado justificaría, o la regulación por parte del Estado, vendría a quitarles el negocio a muchos. Esto mueve millones y millones de dólares a nivel mundial y es uno de los tres negocios más importantes”, sostiene y enfatiza: “Esto también tiene que ver con el concepto de cómo nos han educado a través del miedo. Le tenemos miedo a lo desconocido. Esto de haber generado un mercado negro, genera incertidumbre, ni sabemos a dónde estamos accediendo, no sabemos qué vamos a comprar, entonces sería interesante romper con esto”. 

En este contexto menciona que estas políticas prohibicionistas nunca fueron por una cuestión de salud pública, sino que surgen como política vinculadas a gobiernos que necesitan justificar su accionar ante determinados grupos sociales, tal fue el caso de Estados Unidos bajo la presidencia de Nixon que encontró en la prohibición su justificativo para perseguir asambleístas, militantes que no estaban de acuerdo con sus ideas, entre otros. 

“No hay una cuestión de salud pública y ya lo están reconociendo un montón de organizaciones internaciones, desde la ONU para abajo, que dicen que es un modelo que fracasó. Estos 60 años de prohibicionismo fracasaron, están haciendo una relectura de lo que fueron las convenciones únicas de estupefacientes del año 61,71 y 81 en las que se fueron prohibiendo las distintas sustancias. Se está planteando que nadie hablaba de prohibir concretamente, sino de regular. Ahora están haciendo otra lectura evidentemente porque fracasó y no les queda otra que reconocerlo, lamentablemente o por suerte, porque ya era hora”. 

Dentro de la moral que juega en la sociedad, por lo que quizás no se aplican otras políticas de acción concreta que no persigan a los usuarios, aparece la dualidad de “los buenos y los malos”. “Se sigue relacionando al consumidor con el adicto, con el delincuente, con el malo, con el que no hace nada y se deja de lado esta otra discusión sumamente necesaria para atacar este problema que es pensar en qué condicionantes está atravesando el usuario y que no necesariamente es problemático. Hoy lo que es sumamente problemático es que el Estado no se hace cargo. Esto de que de pronto allanen nueve lugares en un día, ¿cómo es? ¿La semana pasada no se sabía de estos espacios? La policía mira para otro lado, la fuerza de seguridad también, pasa esto y de pronto son todos activos”, comenta Dalila. 

También advierte que otro de los principales obstáculos para avanzar con las problemáticas que circulan alrededor de las sustancias son los imaginarios que todavía continúan enquistados en la sociedad. Siguiendo esta línea, le pareció preocupante que desde muchos medios, incluso los más progresistas, se siguen sosteniendo no sólo discursos punitivos, sino también clasistas, como si los que más se drogaran fueran los pobres.

“En el caso de la ley del aborto y todos los movimientos feministas que empujaron por la legalización, fue una cachetada para los políticos, periodistas y comunicadores. Obligó a ver un poquito más allá de esta cortina que les cegaba todo tipo de discusión. Esto es lo mismo, es un tema en el que hay que formarse, hay que cuestionarse, hay que ser crítico también con la forma de consumo de uno mismo”, indica.

Continuando con la comparación con la legalización del aborto, ella nota que hay cierto temor a otro mito: que si las sustancias se legalizan o se regulan la gente va a salir corriendo a consumir, una situación quedó desmentida con casos como el de Uruguay. “Estamos hablando de reducción de riesgos y daños. Para lo que fue el aborto, dejar que siga siendo clandestino porque habían vidas que se estaban perdiendo, lo legalizamos, aceptamos que la gente lo hace y garantizamos el método. Acá pasa lo mismo con el uso de sustancias: aceptemos que la gente se droga, que las personas hacen uso de sustancias desde hace miles y miles de años, quizás desde la existencia de los seres humanos”, agregó y luego precisó que deberían darse cambios de base, como garantizar el trabajo, la vivienda, la salud pública y la educación.

En otro orden de ideas, la lógica del rating de los medios de buscar la noticia impactante, como los 22 muertos en pocas horas y la guerra narco, tapa otro tipo de discusiones, como las que están relacionadas con las drogas legales. Según Tealdi, el alcohol es la sustancia que más muertes genera en el mundo, seguida por el cigarrillo, que tiene cinco millones de fallecidos anuales, y muy por debajo están todas las demás drogas. En tanto, las personas adictas o dependientes de sustancias representan sólo el 3% de la población mundial.

Estos datos contrastan contra la supuesta guerra contra las drogas que los gobiernos llevan adelante. “En México, por ejemplo, en un período de cinco o seis años 737 personas murieron por sobredosis, mientras que la militarización y la guerra que esta genera se cobró la vida de 200 mil personas. Entonces, ¿Es un problema la adicción? Si, totalmente porque existen personas que la sufren, la padecen, que son sumamente vulnerables, pero no lo agrandemos para justificar una guerra que no es nuestra, no es del pueblo, es una guerra entre gobiernos y poder económico”, añade la comunicadora.

Otra idea que desterró fue aquella que asegura que las exitosas políticas de drogas que se implementaron en otros países no pueden ser aplicadas en Argentina. En este sentido, planteó que se podría legalizar la marihuana y que se podrían aplicar los modelos de reducción de riesgos y daños que se llevan a cabo en el mundo, como la creación de salas de consumo o espacios de sustitución de sustancias. “Sí es un debate a dar sobre qué hacemos con todas las otras sustancias, pero sería interesante instalar espacios de control de análisis de las sustancias. Que se analice lo que se está consumiendo y que en esos espacios no se juzgue, no se persiga, no se estigmatice al consumidor”, concluye.