El 17 de Abril es el Día Internacional de los presos políticos. No queremos reducir la problemática penitenciaria a una canción del Indio, pero sí aprovechamos la excusa de la fecha para plantar de forma política nuestro desacuerdo con el amor por las cárceles y el odio por la inversión de presupuesto.
Entendemos de todos modos que estas dos van de la mano, pues un Estado que se encarga con excusas de encarcelar pobres, lógicamente va a rechazar que estos pobres representen gasto. De la mano de esto, no nos sorprende nada que quienes trabajan en relación a las cárceles y su población, lo hagan con condiciones deplorables de explotación, hacinamiento y falta de recursos
La Asociación de Fiscales bonaerense -que agrupa a más de 300- presentó, el 9 de abril, un comunicado donde expusieron diferentes problemáticas: “Desde la implementación del proceso acusatorio en la Provincia de Buenos Aires, en el año 1998 se impuso a los Agentes Fiscales la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal, sin dotarlos de los recursos necesarios para cumplir su función de manera eficiente”, escribieron. Allí explicaban que “existen Agentes Fiscales con turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo”.
Además, señalaban la falta de creación de cargos, de recursos humanos y materiales, exponiendo que en un sistema que estructuralmente ya es deficiente donde el presupuesto provincial destinado a la Justicia no sufrió variaciones considerables a lo largo de los años. “El contexto mencionado, deja en evidencia la dispar dotación de recursos que poseen los Ministerios Públicos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires -cuyas Fiscalías intervienen en un número muy inferior de procesos, y en líneas generales en un entorno de menor conflictividad social- respecto de aquellas de la Provincia de Buenos Aires”, culminaron.
Hay un dicho popular referido a la economía que reza algo así como “si no se puede explicar fácil es porque te están cagando”. Esa frase coloquial evidencia dos cosas: cuánto más nos importa la economía que la justicia, y cuánto menos sabemos sobre ella. ¿Qué es “la justicia”? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? Esa justicia de la que hablamos forma parte del Estado. Y el Estado es, en pocas palabras -porque acá se replica el dicho popular- la burocracia de la Nación. La organización. El orden. La justicia está representada por jueces que pertenecen a distintas cámaras y tribunales, fiscales de distintas jerarquías y jurisdicciones, abogades públicos o privados y, por último, la policía. Esto último no es un chiste.
Compartimos las palabras de Claudia Cesaroni, quién dijo en sus redes sociales:
“Los gobiernos -todos- siguen planteando que la única solución para el hacinamiento carcelario es construir más cárceles y seudo hospitales penitenciarios, cuando el problema es que aproximadamente la mitad de la población penal es inocente. O bien, ya cumplió los plazos necesarios para acceder a derechos como la libertad condicional o asistida. El ejecutivo sigue sosteniendo que la responsabilidad es únicamente del judicial, el legislativo sigue legislando recortes de derechos. Y una parte importante de la sociedad sigue pensando que lo que le pasa a lxs presxs no le compete. Claro, hasta que un marido de una legisladora va preso, o hasta que un joven de clase media rosarino asesina a dos pibes que le roban una mochila. Ahí piden garantías. Y, en general, las obtienen. El marido de Píparo ya está en libertad. El joven que asesinó con su camioneta a otros dos jóvenes, también. La cárcel, como el infierno, es para los otros”.
Algo similar ocurrirá con el tema de la vacunación. ¿que lugar tienen quienes están encarcelados? ¿son personas de un valor menor a un ciudadano de Caballito? ¿no deberían vacunarlos en función del riesgo que corren diariamente de contagio?
Según dicta la Constitución Nacional -que existe y está vigente, posta-, todes somos iguales ante la ley. Y toda esa organización detallada en los párrafos anteriores debe ocuparse de garantizarlo. Y también, por otro lado, tiene la tarea de determinar quiénes son inocentes y culpables, dictar una pena y asegurarse que se cumpla con los términos y condiciones que explicita la Constitución. Todo eso es la burocracia judicial. En realidad, es mucho más complejo, pero si no se puede explicar fácil… ya sabés.