Dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para integrar la fuerza policial es lo que vale la vida de Juan Pablo Kukoc.
Juan Pablo estaba en situación de calle. Y ese es el primer crimen. ¿Quién responde por un pibe de 18 años que no tenía otro lugar donde parar que la calle? ¿Quién se hace cargo de les expulsades del sistema desde antes de ver la luz?
Si Juan Pablo robaba, ¿a quién puede darle la cara para juzgar lo que hace para sobrevivir un pibe arrojado a la calle? En vez de preguntarnos qué, cómo, dónde, cuándo, preguntémonos siempre por qué. ¿Por qué un pibe por robar quinientos pesos está preso hace un año y siete meses? Unos meses menos que el policía que mata, que, como la condena es en suspenso, quizás nunca pise un penal.
Una tarde Juan Pablo robó y apuñaló: otro crimen, que debería haber sido juzgado en los términos y condiciones que establece la Constitución. Luis Chocobar, un policía bonaerense que estaba fuera de servicio lo persiguió y le disparó por la espalda. Lo mató. El tercer crimen: la pena de muerte, que fue abolida de la Constitución hace más de cien años. Un policía bonaerense fuera de servicio mató por la espalda a un pibe de 18 años en la Ciudad de Buenos Aires.
Y no hay versiones encontradas. No hicieron falta testigos oculares. Hay un video donde se ve patente el fusilamiento por la espalda. Chocobar podría haber continuado la persecución, notificar por teléfono a quienes se encontraran cumpliendo tareas. Podría haber hecho tantas cosas: eligió matar. Decidió pegarle un tiro, por la espalda.
No hay chance de racionalizar lo que sucedió. No hay justificación posible. No se mata, y menos se mata por la espalda. Y mucho menos debe hacerlo el Estado frente a un pibe desprotegido y abandonado en la calle.
¿Cuánto valen las vidas?¿Y quién lo decide?
