Al comienzo de la pandemia, desde el Gobierno y distintos medios de comunicación se habló de “la policía del cuidado”, que garantizaría el cumplimiento de la cuarentena. Pero… ¿la policía nos cuida?
Desde el 18 de marzo se registraron alrededor de 100 casos de gatillo fácil; desde 1983, los fusilamientos policiales cuentan casi 7000.
¿Los gobiernos quieren ponerle freno a la violencia policial?
Más allá de la competencia, habría que hablar de intención. Los distintos gobiernos democráticos no sólo evitaron desplegar políticas públicas sobre el accionar de la policía, sino que, muchas veces, les dieron rienda suelta. Por poner dos ejemplos: durante la gestión de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich alentó que la policía use sus armas reglamentarias sin discreción y defendió públicamente a Luis Chocobar, el oficial que fusiló por la espalda a Juan Pablo Kukoc.
Más recientemente, mientras la policía fusilaba a casi 100 personas y desaparecía al menos dos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cedió ante su reclamo y le otorgó un aumento salarial que excede cualquier paritaria de trabajadores reales… porque los policías no son trabajadores.
Pero no se trata de hechos aislados o fuerzas de seguridad locales fuera de control: en Tucumán asesinaron y desaparecieron a Luis Espinoza. En Jujuy, asesinaron a Ariel Valerian. En Mendoza, el código de convivencia -como en Córdoba el código de faltas- dan el marco perfecto de “legalidad” a los excesos y delitos cometidos por la policía. La violencia institucional es política federal.
Por otro lado, la justicia deja mucho que desear: hay infinidad de casos registrados de policías que asesinaron o desaparecieron y sin embargo continúan en funciones; es decir: portan un arma de fuego y el poder de policía del Estado.
Actualmente, mientras se desarrolla el juicio contra Luis Chocobar, la oposición presentó un proyecto titulado “cuidar a quienes nos cuidan”, que propone modificar el código penal para legitimar el gatillo fácil. El punitivismo está de moda, no queremos dejar de mencionarlo. Vende horarios fundamentales en la TV y en todas partes: endurecimiento de penas, baja de edad de imputabilidad, estigmatización social y falta de garantías mínimas son elementos de una sociedad que se ve reflejada en la gorra que utilizan quienes integran las fuerzas de represión. ¿Derechos humanos? puf, eso es del pasado braman desde todos los sectores.
Pasan gobiernos de distintos signos y colores y queda claro que la violencia policial es una característica más de la democracia. No importa qué se diga en campaña o en discursos (Alberto Fernández dijo, en su asunción, que resolvería el problema del gatillo fácil), la policía mata y los gobiernos encubren.
