7 localidades de Río Negro registraron incendios en los últimos días, dejando más de 100 casas afectadas, destruídas e inhabitables, 2.000 hectáreas quemadas y al menos 15 personas desaparecidas.

La respuesta del gobierno nacional fue el envío de helicópteros, aviones hidrantes, autobombas y personal brigadista. El problema es que aún con la experiencia del 2020, en el presupuesto 2021 se recortó el 42% de los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El 2020 en Argentina estuvo marcado por dos grandes catástrofes: el arribo del COVID19 y el fuego que arrasó miles de hectáreas. La primera es, sin dudas, más accidental que otra cosa; la segunda -los incendios, el fuego, la tierra arrasada-, todo lo contrario.

¿Qué enfoque definió el gobierno para cada problemática? A la pandemia todo; al fuego, nada y hasta capaz un chorrito de nafta.

En 2020, mientras Juan Cabandié -el insólito ministro de Ambiente de la Nación- se sacaba fotos haciendo de cuenta que intentaba apagar una brasita tibia en uno de los focos de Córdoba, se quemaban un millón de hectáreas en todo el país.

Cualquiera, hasta el más pavo, diría que un millón de hectáreas destruidas -una hectárea son 10.000 metros cuadrados: hagan la cuenta- arrojan una enseñanza o una exigencia; promover políticas públicas de conservación, aumentar el presupuesto destinado a tal fin y generar campañas de concientización.

Cualquiera, que es medio pavo y cuando dijo todo eso estaba otra mitad amodorrado, la mandó a la tribuna: el presupuesto 2021 supuso una reducción del 42% a los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

A todo esto: la mayoría de los incendios que vienen azotando al territorio nacional desde 2020, y sobre todo los principales focos, fueron y son intencionales: intereses inmobiliarios y agrícolas prendiendo fuego el país para su propio beneficio. Toda una metáfora, que no lo es.

Los incendios en Córdoba, que comenzaron en julio y permanecieron ardiendo por tres meses, arrasaron 300 mil hectáreas y llegaron a quemar 90 mil de San Luis. A raíz de este desastre -que se sospecha fue intencional- Máximo Kirchner promovió la modificación de la Ley de Manejo del Fuego (26.815) para prohibir durante 30 años que se construya sobre la tierra arrasada.

El problema es que, meses más tarde, quienes pensaron y votaron esta modificación en pos de, parece, proteger la tierra y el ecosistema, participaron del recorte voraz a los fondos para evitar y combatir incendios y desastres naturales, o no tanto.

En simultáneo, terratenientes de las islas del Delta de Rosario comenzaron una quema indiscriminada con fines de pastoreo, que es una práctica recurrente. El problema es, como siempre, que no existe control o regulación, entonces la quema se salió de control. Y así las llamas se llevaron todo puesto y el humo invadió la ciudad de Rosario, generando una crisis en el ecosistema del lugar. A la par de todos estos eventos, el Canciller Felipe Solá mantuvo reuniones y negociaciones con China para que nuestro país albergue mega granjas porcinas -que por algún motivo China no quiere en su territorio- y con el gobierno boliviano para profundizar la extracción de litio.

La postura, entonces, es clara: mientras los vecinos y vecinas de las zonas afectadas tienen que enfrentar el avance de los incendios (algunos habiendo perdido todo) junto a los pocos y poco armados brigadistas, el gobierno negocia acuerdos que avivan las llamas.

El país está prendido fuego y no es metáfora.