Axel Kicillof inaugura la apertura del 149° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador -él- ocupa el centro de la mesa. Verónica Magario lo secunda a su derecha, Federico Otermín a la izquierda.
Hay quienes dicen que no vale la pena mirar las aperturas de sesiones de ninguna jurisdicción y, diría, están en lo cierto. ¿Qué esperamos cuando nos sentamos expectantes frente al televisor? ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué haríamos en caso de ocupar esos sillones?
Sorprender, parecería, no es una posibilidad. Tantos ojos mirando, tantas cámaras, tanto riesgo de meter la pata. Mejor nos mantenemos en el carril lento, el seguro, el que no sobrepasa.
Y Axel aplica la receta conocida, esa que no falla: no nos cuenta nada nuevo y nos recuerda el 2020, el año de la pandemia. Dice que este será el año de la vacunación y entonces empieza la fiesta del futuro simple. Tan cliché.
Este será el año de tantas cosas -todos los años son el año y sin embargo acá estamos.
Entre tanta prédica del porvenir, hay una mención llamativa -en futuro, claro: para 2023, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá doce mil plazas nuevas. Es decir: lugar para doce mil presos nuevos.
Nobleza obliga: Axel habla de lo que nadie más se anima. Pero como digo una cosa, digo la otra: siempre-lo-mismo. Es cierto, el preso es piantavotos. Incluso entre propios. Y si no me creen revisen la cobertura mediática de los últimos motines de 2020. Hasta el referente más progresista demostró que tiene un enano fascista sentado en el hombro bajándole línea.
Doce mil plazas nuevas no significa nada si el funcionamiento del Sistema Penitenciario sigue igual. Ni hablar si esas tantas plazas se construyen robándole terreno a otros espacios, como sucedió en Marcos Paz hace algunos años: se levantó un pabellón nuevísimo sobre el patio de recreo.
Además, doce mil no suena a mucho si la política penal también sigue funcionando igual, si el colchón para amortiguar a los caídos del sistema está repleto de policías y jueces punitivistas.
¿Cuántos de los futuros doce mil presos excederán la prisión preventiva a la espera de un juicio que nunca llega? Hoy el 50% de las personas privadas de su libertad está en esa situación.
¿Cuántos recuperarán la libertad muertos, para ir directo a ocupar un lugar en un cementerio? Hoy hay 3 muertos por semana en los penales de todo el país.
¿Qué porcentaje de esas doce mil plazas será ocupado por personas travestis y trans y tendrán todos sus derechos humanos vulnerados, incluyendo su identidad de género? Hoy las denuncias y amparos se apilan y, claro, mueren en un cajón porque la Justicia atrasa un siglo.
No era inesperado que el gobierno de la Provincia defina este abordaje: fue el mismísimo gobernador quien, en abril de 2020, después de los motines nacionales en reclamo de medidas sanitarias para afrontar el coronavirus, se lavó las manos más de los dos minutos recomendados por la OMS.
Axel dijo que no podía hacer nada. Que su competencia estaba limitada y no podía hacerse cargo de revisar la posible liberación de algunas personas privadas de su libertad para descomprimir la hacinación. Lo dijo.
El artículo 144 de la Constitución Provincial dice otra cosa. Dice que “el Gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia…”.
Está bien. Es lógico. ¿Cuántos se toman el tiempo de leer la Constitución? Seamos sinceros, nadie los va a juzgar. Así es fácil. El gobernador dice yo no puedo y le creemos. Pero no es yo no puedo: es yo no quiero. Porque liberar presos es perder votos. Y qué me importa si son seres humanos.
