Según la resolución 1103/20 publicada por el Ministerio de Trabajo, todxs lxs trabajadores con hijxs en edad escolar deben volver a sus tareas presenciales. Es inaceptable que en este contexto el gobierno nacional dicte una medida que perjudica a lxs trabajadorxs, beneficiando a las empresas empleadoras y dejando en una situación de total vulnerabilidad laboral a millones de hogares que no tienen forma de planificar y organizar una rutina de cuidados para lxs niñxs y adolescentes, con 4 días hábiles de anticipación.
La medida toma como justificación que, empezado el receso escolar, padres y madres pueden retornar a sus trabajos. Pero en el enunciado hay un error gravísimo: a pesar del receso “escolar”, la dinámica no cambió pues hay muchas actividades que siguen sin funcionar, lo que limita las posibilidades de garantizar espacios de cuidados para niñes y adolescentes y obliga a padres y madres a hacerse cargo de ellos, ya que la responsabilidad de ma/paternidad no tiene “vacaciones”.
Es repudiable que el Estado no tenga en cuenta a los hogares monomarentales y monoparentales, donde toda la responsabilidad económica y asistencial de las infancias recae en una sola persona. Este tipo de medidas dan por sentado que alguien puede realizar el trabajo no remunerado del cuidado de las infancias, desentendiéndose de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos infantiles consagrados en la Constitución Nacional.
En ese sentido carece de perspectiva de género, lo cual muestra que las políticas públicas que aplica un gobierno que prometió poner en agenda el valor del cuidado como parte de su agenda “feminista” sigue centrando su forma de ejercer el gobierno en favor de un modelo capitalista y patriarcal.
No sorprende, dado que, incluso durante el tramo más denso de la cuarentena, miles de fábricas y empresas siguieron funcionando, obligando a sus empleadxs a asistir, ocultando casos sospechosos y positivos y, finalmente, llevando a la muerte a muchxs de ellxs.
La resolución 1103/20 debe ser anulada. La pandemia no terminó.
Observatorio del derecho a la ciudad y Defensoría de laburantes
