El domingo 5 de junio fue el Día Mundial del Ambiente y se decidió, desde el Ministerio que dirige Juan Cabandié, iluminar de verde los principales edificios. ¿Llamado de atención? ¿Marketing? ¿Una idea que sonaba linda en la cabeza de alguien? No lo sabemos, pero sí sabemos que no hay acciones concretas en plena crisis climática y es consecuencia de otras decisiones políticas, claro.. 

Y como la política está llena de paradojas, mientras escribíamos esta nota, el día sábado el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Producción Matías Kulfas, el mismo que hablaba de una “minería sustentable” y realizó la primera Mesa de Minería Abierta a la Comunidad, mientras se repartían palos y balas de goma en Chubut y en Catamarca. Muches festejaron (de manera ilusa) que se vaya por esta razón, pero la alegría duró pocas horas cuando se confirmó que su reemplazo es Daniel Scioli, que si bien de ambientalismo no sabe mucho, sabe bastante de represión y neoliberalismo. Pero lo dejamos para otro momento porque ahora la historia es otra. 

En Andalgalá, Catamarca, tienen muy en claro que la minería no es la salvación de nadie. Como en la Conquista, las empresas llegan con espejitos de colores en forma de promesas de trabajo y de un futuro mejor, pero sin hablar de la destrucción que dejan a su paso. 

Desde el lunes 30 de mayo hay dos detenidos de la Asamblea El Algarrobo, luego de que el fiscal Martín Camps tomara declaración indagatoria a seis asambleístas y decidiera que Aldo Flores y Enzo Brizuela se quedaran alojados en la comisaría por desobediencia judicial y supuestas amenazas. Flores sufrió un infarto y tuvo que ser trasladado a un hospital, aunque sigue incomunicado, mientras que Brizuela comenzó una huelga de hambre y también sufrió una descompensación.  

En base a esta última noticia, dialogamos con Rosa Farias, integrante de la Asamblea El Algarrobo, la cual resiste hace más de 12 años el avance de la empresa M.A.R.A en el cerro y en el río. 

Rosa comenta que estos dos compañeros ya habían sido detenidos el año pasado en el marco de una requisa feroz donde además de ellos, detuvieron a otros 10 asambleístas. Fueron culpados de haber incendiado las oficinas de la empresa que están en el centro de Andalgalá. Las personas detenidas  fueron torturadas y se realizaron diversos allanamientos. Una verdadera cacería. Luego de 14 días salieron en libertad, pero fueron denunciados penalmente por la empresa y por el gobierno de Catamarca que tiene intereses en el negocio, según denuncia la propia asamblea. 

Los ánimos vienen caldeados hace mucho tiempo y se vienen intensificando. Para febrero de este año se conoció la noticia de la represión en Choya, un distrito dentro de Andalgalá. 

“Nosotros nos enteramos que en la cuenca del río se iban a hacer nuevas perforaciones y hacerlas a la orilla de un río no es lo óptimo. Los vecinos de Choya habían acusado recibo cuando empiezan a ver el agua de su río distinta, turbia. Ahí toman la decisión de subir al cerro y revisar qué era lo que pasaba. Muy grande fue la sorpresa cuando ellos descubrieron que en las nacientes, en la propia cuenca del río, había dos grandes caminos de entre 6 y 7 metros de ancho en la naciente del río. Ellos nos contaron que se abrazaron y lloraron al ver la destrucción que habían hecho esas máquinas”, relata la asambleísta. 

Desde ese  momento, los vecinos decidieron hacer un campamento en el lugar y siguen hasta el día de hoy soportando temperaturas bajo cero a 4500 metros sobre el nivel del mar. 

Al momento de que el personal de la minera hace recambio, toda la localidad es militarizada, por lo que crece la tensión, tal como pasó el 3 de mayo cuando las personas del acampe fueron violentadas, mientras que los que estaban abajo de la montaña fueron reprimidos y hubo más de 15 heridos. “Una mujer fue apresada por siete policías acusada de haber tirado piedras. La tuvieron 48 hs. Obviamente nosotros apoyamos porque la lucha se amplió. Nosotros cuidamos uno de los caminos y ellos el otro. A la gente de Choya se le han armado causas y hay por lo menos 15 personas citadas por la justicia”, comenta Rosa y agrega que además de las fuerzas también les envían patotas de civil que responden a los gremios de la UTHGRA y AOMA, quienes no permiten que se lleve comida o leña a quienes están acampando. 

Una década de lucha

Desde el 2010 la Asamblea del Algarrobo viene diciéndole a todos los gobiernos e informando a la población por qué no quieren el megaemprendimiento en sus tierras. Y en el medio, siendo reprimidos e intentando romper el cerco mediático. 

“Nosotros nos oponemos a un emprendimiento de megaminería que está en las nacientes del Río Andagalá, a unos 17 km del centro de la ciudad por lo que es demasiado cercano. Un emprendimiento megaminero lo principal que hace es un pozo, que después de un tiempo alcanza dimensiones considerables. Este por lo menos tiene 8 kilómetros de diámetro. Esto implica explosiones de dinamita en el cerro, por lo menos entre tres o cuatro veces por semana”, cuenta Rosa. 

La Asamblea cumple un rol muy importante en cuanto a la difusión ya que siempre se suele asociar a la minería con el progreso, pero el trasfondo es de destrucción. Les vecines tienen una web y redes sociales donde van subiendo información, además de otras instancias de concientización entre otres vecines que no forman parte de la organización. “Para nosotros esto es romper el cerco mediático porque siempre se escuchan las voces empresariales y no las del pueblo. Hay que dejar de ser inocente, esas voces se escuchan porque pagan. Nosotros como asambleístas y vecinos, no tenemos para pagar ninguna pauta entonces siempre estamos dependiendo de los medios comunitarios y autogestivos. A lo largo de todos estos años hemos creado una red bastante amplia de difusión”,resalta Rosa.  

El primer acampe se realizó en 2014 en la Procuraduría de la Nación, donde estuvieron 15-20 días. “Allí necesitábamos que la Procuradora diera paso del expediente de Andalgalá al Tribunal Supremo. Lo logramos en diciembre. En el 2016, al ver que se seguía demorando el amparo ambiental, hicimos otro acampe con el propósito de influenciar con nuestra presencia a la gente de la Corte Suprema y en marzo nos dan la solución: nos hacen lugar al amparo ambiental favorable al pueblo”, recuerda la luchadora.

Junto con el amparo también se logra una Ordenanza Municipal de protección del Río Andalgalá. “Ambos instrumentos legales en los distintos gobiernos de Catamarca nos han ido prolongando la instancia legal para darle apertura al proyecto minero. A la ordenanza, la Corte de Justicia de Catamarca, en el año 2019 la declara inconstitucional y ahora está en la Corte de nuevo esta otra apelación que se hace desde la Asamblea”, relata. 

Otra actividad muy importante que realiza la Asamblea son las “Caminatas por la Vida” que ya cuenta con 644 sábados. “Nuestra idea de la caminata ha sido inspirada por las Madres de Plaza de Mayo, porque ellas al buscar la solución para sus hijos y ser escuchadas, se les dio por caminar por la vida. Y eso es lo que hacemos nosotros: caminar por el agua, por la vida”, sintetiza Rosa. 

Para el 2021, y aprovechando que desde el Gobierno Nacional se le dio el visto bueno a la actividad minera como algo “esencial”, además de que habían logrado desestimar el amparo y la ordenanza, se da un vacío legal que permitió que el gobierno de Catamarca autorizara a la empresa a entrar al cerro. Ingresaron las máquinas custodiados por Gendarmería y todo el valle fue militarizado. “El Estado nacional, junto con el Estado provincial y la universidad de Tucumán conforman lo que se llama una UTE, Unión Transitoria de Empresas. O sea que el gobierno y la minera son socios. Cada uno pone su parte y hace lo que le toca. Pasaron las máquinas y las perforadoras, según ellos era una etapa de exploración avanzada- le pusieron ese título- y empezaron con un permiso de 11 pozos, pero hasta ahora debe haber más de 30 con aperturas de camino incluida que de a poco le ha ido quitando el paisaje que tenía nuestro cerro. La destrucción ha comenzado de forma muy triste para nosotros”, cuenta Rosa Farias. 

“No tenemos opción. Si no nos levantamos vamos a vivir al lado de las explosiones. El gobierno nos entrega; nosotros pedimos que se cumpla la ley, tenemos derecho a vivir en un ambiente sano”, cierra Rosa resumiendo la situación en la que se encuentran en su localidad. La que está muy lejos de Buenos Aires y a la que no le sirve de nada que iluminen de verde el Congreso un día, cuando persiguen asambleístas y permiten que el lobby minero florezca dejando la destrucción a su paso.