Desde hace décadas, la tierra le pertenece a unos pocos dejando afuera a muchos. Esos pocos son los que tienen la tierra para vivir, para alimentarse, para exportar y también para destruir. Cuesta imaginar que así sea en un territorio tan extenso como el nuestro donde debería haber oportunidades para todes, pero queda en el condicional de lo que tendría que ser.
Actualmente hay leyes que tienen que ver con la tierra que no se aplican o duermen en un cajón hace años porque nunca son tratadas.
En esta última categoría entra la Ley de Humedales y la Ley de Acceso a la Tierra, dos proyectos que sería muy importante que se voten para poder garantizar la protección de los ecosistemas por un lado y el acceso a los precios justos y alimentos saludables por el otro.
La tierra es de quien la trabaja
Desde el 2016, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se encuentra impulsando
la Ley de Acceso a la Tierra la cual propone la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar para facilitar el acceso a las tierras a través de un crédito blando. ¿Por qué lo impulsan? En primer lugar porque el 60% de los alimentos frescos que consumimos a diario, son producidos por familias que son pequeñas productoras, pero el 77% de ellas no son dueñas de las tierras en las que trabajan.
También, según la UTT, buscan demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos “se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo. En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”.
Pero además, el proyecto posee una mirada que promueve la equidad de género, empleo jóven, arraigo hacia el lugar de origen y transición a un modelo de producción de alimentos sanos y a precios acordes, algo que claramente no le cae muy bien a los grandes terratenientes que son exactamente todo lo contrario.
Todavía falta una respuesta política a este proyecto y que se sancione definitivamente, pero el lobby a veces es más fuerte que las buenas intenciones.
¿Quién cuida la tierra?
En los últimos años vimos cómo el fuego se llevó parte del Delta y el año pasado se tomó aún más conciencia con los incendios en Corrientes que dejó miles de animales muertos, casas incendiadas y un suelo que supo ser rico convertido en cenizas. La tristeza invadía a quienes estamos mirando de afuera y hasta se hizo una colecta enorme por parte de Santi Maratea que terminó equipando a los bomberos porque nada alcanzaba. Y es cierto que el Estado estuvo presente, pero pierde un poco el sentido cuando no se hace prevención y cuando los elementos llegan con el fuego avanzado. La solución no está solo en un avión hidrante, sino en lo que se hace antes. Y casualmente, ese antes estás encajonado hace muchos años y se llama Ley de Humedales. Pero no está encajonado por un olvido, allí también reina el lobby de los dueños de campos que pretenden seguir extendiéndose y en el caso de existir la ley, el juego se les comenzaría a dificultar.
Pero, ¿qué es un humedal? Es un ambiente donde el suelo se encuentra inundado o saturado de manera más o menos permanente, con aguas superficiales o subterráneas, dulces, saladas, estancadas o corrientes. Pueden ser naturales o artificiales y tienen una flora y fauna adaptadas a esas condiciones.
En nuestro territorio, el 21,5% de la superficie corresponde a humedales entre los que se destacan las turberas de Tierra del Fuego y los mallines de la Patagonia, los Esteros del Iberá y el Delta del río Paraná. Estos últimos son los que más daño han sufrido, ya que debido a la sequía y a incendios intencionales se han perdido miles de hectáreas.
¿En qué consiste el proyecto de ley? La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales pide que se establezca un presupuesto que se asigne a la conservación, protección y el uso sustentable de los humedales. Además, se incentiva la creación de un
inventario de humedales nacionales, la restauración ecológica de áreas degradadas, se asegura la conservación y el uso racional y sostenible de los humedales, sus
funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos que brindan; se garantizarían la adopción de criterios de sostenibilidad ambiental en las actividades socioeconómicas que se realicen sobre los humedales con el fin de asegurar el mantenimiento de la integridad ecológica de estos ecosistemas; se implementarían las medidas necesarias para desalentar las actividades y prácticas que afecten significativamente la composición, estructura y funcionamiento de los humedales; entre otros ítems que se desarrollarán con el fin de proteger el ecosistema.
No se puede seguir esperando el próximo incendio para que vuelvan a prometer que la van a tratar en el Congreso.
La tierra es de quienes la habitan
Existe una ley que ya está aprobada, pero la realidad es que no se aplica del todo: esta es la Ley 27453 de “Régimen De Regularización Dominial Para La Integración Socio Urbana”.
Esta Ley reconoce el derecho a la tierra de 930.000 familias a nivel país, unas cuatro millones de personas que viven en más de 4.400 barrios populares. Pero además, declara la utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan estos barrios, aunque esto nunca pasó. Por otro lado, se creó una política estructural de los barrios populares, en los que se debe garantizar los servicios básicos, entre otros, pero con solo caminar en uno de ellos nos damos cuenta que esto no se cumple. También establece que se suspenden los desalojos de toda índole, judiciales y administrativos, por el plazo de 4 años, por lo que este año deberían realizar una prórroga al respecto ya que la ley fue sancionada en 2018 y reglamentada en 2019.
Estos dos últimos ítems son los que más preocupan a las familias ya que podrían quedar desamparadas debido a que pronto la ley queda sin efecto. Pero a la vez también hay otro problema y es que esta ley es poco conocida y muchas personas desconocen sus derechos y la aplicación de la misma ya que desde los organismos estatales no se encargaron de bajar la información correspondiente. Es una ley con muy buenas intenciones, pero con aplicaciones que no benefician a casi nadie. Aún ahora, cuando el reloj comienza a correr en contra, no hay soluciones a la vista. ¿Van a favorecer los desalojos y el aumento de las personas en situación de calle?
Con estas tres especificaciones, nos queda más que claro que la demora en tratar una ley o en no informar su aplicación, tiene que ver con que la tierra es para unos pocos alejados completamente de lo que marca la Constitución Nacional que tanto defienden.
