Llevamos días conmovides, preocupades, cansades y sobre todo angustiades por la situación que están viviendo más de 70 familias en la calle Solis al 1839 en el barrio de Constitución.
No podemos ni queremos hablar de otra cosa.
El lunes 12 de septiembre nos enteramos a través de una compañera de un mega operativo policial que esperaba desde las 5 de la mañana en la puerta y alrededores de una casona de Constitución -que luego descubriríamos que funciona como uno de los tantos hoteles que hay en la zona para decenas de familias- para cumplir una orden judicial: El lanzamiento de todas las personas que habitaran ese inmueble a la calle.
Lo que vino después fueron días de una intensidad asfixiante para esas familias. Nosotres, como tantas otras personas y organizaciones, sólo pudimos y podemos acompañar con ayuda legal y contención, pero no es suficiente. Extensas asambleas de vecines para pensar qué hacer, censos caseros, organización, opciones, ideas.
Entretanto, por supuesto, los medios de incomunicación, instalando que la propiedad fue usurpada, que eran okupas, y que estos actos inhumanos y viles no son más que el costo para mantener el estado de derecho y proteger lo que más les importa: La propiedad privada.
Cualquier hijo sano del sistema capitalista que habitamos dirá distraídamente que no hay nada que hacer, si ocuparon ilegítimamente una propiedad, a la calle. ¿Y si les decimos que estas 70 familias fueron estafadas durante años por el mismo sujeto que hoy las desaloja con el apoyo del sistema judicial? Así como lo escuchan. O lo leen. Durante muchos años – algunas familias más de 20 años – pagaron y hasta el mes pasado pagaban su alquiler mes a mes, como muchos de nosotres. Les entregaban un recibo con la dirección y el número de su habitación. Le pagaban al dueño de manera directa o a través de intermediarios religiosamente. Pero por supuesto, quienes viven en los márgenes de la ciudad de todos los argentinos no tienen acceso a un contrato de alquiler legal y están por lo tanto a merced del capricho del propietario que cobra alquileres durante años y cuando encuentra un negocio mejor, tiene a la justicia de su parte para dejar en la calle a decenas de familias con niñes, ancianes y una infinidad de situaciones vulnerables tremendas.
A partir de lo que está pasando en Solis nos pusimos seriamente a pensar en la enorme deuda que existe en lo relativo a acceso a la vivienda y el rol trascendente del estado en la misma. En todas las clases sociales ( de laburantes para abajo, claro) es un conflicto común la dificultad o la imposibilidad, directamente, de acceder a una vivienda digna. A los de abajo ya directamente les cuesta acceder a una vivienda. Así, a secas.
Las familias tienen los días contados literalmente. El jueves 22 es el día que llegarán por la madrugada, otra vez, un grupo de policías armados con palos, balas de goma y vallas para sacar del lugar a quien se le cruce. Luego volverán a sus casas con la satisfacción del deber cumplido o la culpa transformada en obediencia debida. Todo depende de una jueza que también volverá a su casa como un día más.
Les vecines de Solís resisten.
Todes deberíamos tener un techo sobre nuestras cabezas.
