Por Alejo Caivano*
Desalojo
El 7 de diciembre es una fecha muy importante: un día como hoy, pero hace 10 años, reprimieron en el Parque Indoamericano, ubicado en Villa Soldati, una de las zonas de CABA con peores índices de hacinamiento. Algunos días antes, 3000 familias -según dicen- habían ocupado una parte del parque que era, literalmente, un baldío. No había proyectos de nada, no había nada en construcción.
La represión era una amenaza latente y, previo al desalojo, los medios de (in)comunicación y los gobiernos desplegaron una campaña de desprestigio sobre quienes estaban ocupando el lugar. Entre otras acusaciones, decían que había mafias y punteros -como si no hubiera mafias o punteros en la bolsa de comercio o en la propia Cámara de Diputados, o cualquier ministerio.
Nada de lo que pasó fue casual: la cantidad de balas de goma disparadas, las casi 600 municiones anti tumulto, los oficiales asignados al operativo. Tampoco fue lo único: dos personas fueron asesinadas -Rossemary Chura Puña, de 28 años, y Bernardo Salguero, de 22- y causaron heridas de gravedad a otras cinco. Los gobiernos de Nación y Ciudad emitieron una señal política.
El Indoamericano fue un terrible ejemplo de pobres recuperando tierras desaprovechadas, exactamente al lado de un montón de villas donde la gente vive hacinada, marginada e invisibilizada desde siempre.
Ahí estuve yo.
¿Qué hacía yo ahí?
Como abogado militante, estaba involucrado por el asesoramiento jurídico gratuito que realizábamos en uno de los asentamientos -Esperanza-, que estaba del otro lado del Indoamericano, al lado de Los Piletones.
De Esperanza recuerdo a Daniel, vecino de ese barrio, que había venido de pibe desde San Juan buscando un laburo: era changarín y albañil. Daniel se contagió una enfermedad grave en uno de los barrios donde vivió y eso no le impedía tratar de darle una mano a cada vecino/a que andaba con dificultades. Una vez, vino con otros vecinos a contar su experiencia a la Facultad de Derecho: en esa charla fuimos, a lo sumo, 25. Nunca me olvidaré.
El contexto político
Año 2010. Macri llevaba tres años como Jefe de Gobierno y Cristina se preparaba para su reelección presidencial. Se leían diferencias políticas por todas partes, como ahora. En ese entonces, Macri había creado su propia policía, la metropolitana, que luego transformaría en la Policía de la Ciudad. Lavadas de cara que no alcanzan, porque las policías se encargan de llenarse de barro.
Pero había y hay algo que no cambió: el derecho a una vivienda digna en las grandes urbes y (casi) todo el país sigue estando restringido para quienes puedan heredar una propiedad o salir sorteados en algunos de los poquísimos planes de vivienda que se han hecho.
El combo resulta fatal: miles de personas viviendo en condiciones de hacinamiento en barrios sin los servicios mínimos garantizados; la oportunidad de ocupar un terreno abandonado y construir su casa propia; el Estado que de una forma u otra está presente, pero siempre elige la misma: balas, golpes, topadoras, fuego.
¿Y el acceso a créditos? El UVA permitió que algunas familias de clase media fueran estafadas con aviso previo por el sistema bancario. Y eso es todo.
Porque el Estado tiene política para todo -o casi.
El operativo
Llegamos minutos antes de que comenzara la represión. Apenas hubo diálogo con el supuesto jefe del operativo, y fue un aviso: iban a avanzar con una orden del fiscal.
El operativo comenzó, entonces, en el parque. Pero la persecución se extendió hasta la Villa 20 y en todas direcciones.
Fue una de las represiones más violentas jamás vistas: eran, literalmente, miles de policías gastando todas sus municiones para negarle a miles de familias el derecho a la vivienda. Había balas para todos, tuviera o no que ver con la toma.
El reingreso
Al día siguiente, muchas familias volvieron a ingresar al predio y unos días más tarde, promesa de ambos gobiernos mediante, los vecinos abandonaron pacíficamente el predio con el compromiso de que tendrían soluciones habitacionales. No quedó registro de esa promesa, ni tampoco se sabe si se concretó.
La injusticia
Tres vidas fueron el saldo de ese gesto, esa señal política que acordaron los dos gobiernos involucrados: Bernardo y Rossemary ese día, y Emiliano Canaviri Álvarez dos días más tarde.
10 años después, las causas permanecen abiertas: se investiga a los policías involucrados en el operativo, pero no a los responsables políticos, los que dieron las órdenes.
“En el Indoamericano me instalé en una carpa con ellos 10 días, viví con ellos, comí con ellos y una noche desalojé a 16 mil personas”, se jactó hace poco Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Nunca fue imputado.
Sí se imputó a 4 referentes sociales de la zona por la “organización” de la toma del indoamericano. Dos de ellos aceptaron realizar tareas comunitarias para no llegar al juicio, y dos fueron finalmente absueltos en el año 2014: el “Tano” Nardulli de la CCC y Diosnel Pérez, del Frente Popular Darío Santillán.
A modo de cierre
El manto de encubrimiento sobre la rosca detrás del desalojo fue tan grande que hoy muchas personas siguen responsabilizando a uno de los dos gobiernos por la represión y los asesinatos. Ojos que no ven…
Las vidas perdidas en la represión que tuvo lugar hace diez años no causaron revuelo mediático, no fueron tapa, no indignan a nadie en redes sociales, no lo toman los influencers. De hecho, estoy seguro que este artículo le interesará a pocas personas.
A la distancia, sucede lo mismo con los hechos de Guernica de hace pocos días: miles de familias exigiendo que se les garantice un derecho humano -el acceso a la vivienda-, medios de comunicación cómplices del poder demonizando y un Estado que funciona para la clase dominante. El resultado es el mismo: los pobres en la calle. Diez años después del Indoamericano no existen políticas públicas reales que garanticen el acceso a la vivienda -es decir, que garanticen el cumplimiento de un derecho humano.
