En 2010 se sancionó la Ley de Salud Mental, que proponía un abordaje comunitario garantizando una atención de calidad y humanizada, promoviendo la inclusión social. ¿Qué decía el artículo 32? “El Estado Nacional, en un plazo no mayor a 3 años, debe destinar el 10% del presupuesto total de salud a salud mental, y procurar que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio”. ¿Sucedió? Spoiler: No.
Para este año, el porcentaje del presupuesto destinado a salud mental es del 1.47%. Y en este contexto, las consultas crecen.
En su último informe “Salud mental: recursos insuficientes y concentrados en el manicomio”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que a nivel nacional hay cuatro entidades con gasto: Ministerio de Salud, los 2 hospitales monovalentes nacionales (Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. “Laura Bonaparte” y Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca”), y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.
La ACIJ concluye: “El análisis de los recursos que el Estado Nacional destina a salud mental y la forma en que estos se distribuyen evidencian que a 10 años de la ley 26.657 la sustitución definitiva del sistema manicomial es una deuda pendiente. En estos años, el Estado no ha cumplido con la obligación legal de destinar el 10% del gasto total en salud a salud mental, y continúa invirtiendo una gran cantidad de fondos en instituciones monovalentes que, según nuestra normativa, deberían haberse cerrado”
Tenemos una población manicomializada, tenemos un presupuesto para salud mental pobrísimo, y eso se ve en las condiciones laborales de laburantes y en las condiciones de atención de pacientes. En dos años de pandemia se profundiza esta crisis, jóvenes y mayores necesitamos tener derecho a asistencia. No hay forma de asegurar derechos humanos sin salud mental.
