En un país donde la pobreza alcanzó al 42% de les argentines y las personas bajo la línea de pobreza ya son 19 millones, la demanda de las ollas y comedores populares en los barrios vulnerados se ha llegado a quintuplicar en algunos casos de la Ciudad de Buenos Aires.
Allí al frente están les trabajadorxs comunitaries, en su mayoría mujeres, quienes desde que comenzó la pandemia no dejaron de trabajar, de parar la olla y hacer malabares para que cada vecine pueda tener un plato de comida garantizado. Realizando un trabajo no remunerado, que debería garantizar el Estado.
Ramona, El Oso, Agustín, Carmen y recientemente Teodora Olloa, otra trabajadora esencial integrante del espacio solidario ‘Juana Azurduy’ del Barrio San Martin de la Villa 31 que falleció tras haberse contagiado COVID-19. ¿Cuántos más?
La semana pasada, el Gobierno Nacional acordó con dirigentes de movimientos sociales la entrega de 70.000 vacunas para evitar el cierre de los comedores y merenderos populares.
Es urgente, es ayer. Desde La Defe nos sumamos al pedido de vacunas para esenciales.
Les laburantes comunitarios son esenciales y deben ser prioridad en la campaña de vacunación. El gobierno tiene que cumplir; no les dejen morir.
