La discapacidad como construcción social: “una incapacidad física no es lo que te discapacita. Sino el entorno ,la falta de financiamiento a políticas públicas”
Carlos Scally tiene 59 años y en 1995 tuvo un accidente que terminó en una mala praxis dejándolo con una pierna inmovilizada. A partir de ese momento empezó a conocer qué significaba tener una discapacidad en Argentina y se encontró con que la contención del Estado era ínfima.
Para ese momento, en Argentina, ya existía una ley sobre el tema que es la 22.481. Dicha ley regula el sistema de atención a las personas con discapacidad para garantizarles atención médica, educación y seguridad social, entre otras cosas. El marco regulatorio ya existía pero para que Carlos pudiera acceder al zapato ortopédico que necesitaba y que, según la ley, el Estado debía garantizar tuvo que ir a pelearse con el sindicato y la obra social. A partir de esto, entendió que esa iba a ser la única forma de no quedar fuera de un sistema que simulaba acompañarlo y siguió reclamando por todos los derechos que le correspondía a él y al resto de personas con discapacidades del país.
En ese año empezó a militar, conoció mucha gente y se hizo amigos. En conjunto fundaron la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y empezaron a tomar el tema de discapacidad como sujeto de derecho y no como asistencia, es decir, que no se trata de ayudar a las personas con discapacidad sino que la idea es equiparar e igualar oportunidades. Carlos explica: “todos tenemos derechos generales pero las personas con discapacidad tienen derechos específicos que son los que les permiten equiparar sus oportunidades para estar en un plano de igualdad con el resto de la sociedad. Por eso un colectivo que tiene rampa y cumple con las normas equipara la posibilidad que tiene una persona en silla de ruedas para ir a trabajar con las mismas posibilidades que tienen el resto”.
Esto les permitió poner el tema sobre la mesa en espacios donde hasta el momento no se planteaban la problemática que existía. Fueron a la Facultad de Arquitectura de la UBA para trabajar en conjunto sobre mejoras de accesibilidad de medios físicos, a la Facultad de Derecho para informar sobre una ley que no se ponía en práctica por falta de conocimiento real de las situaciones específicas que viven las personas con discapacidad y, también, fueron a la Comisión de Discapacidad de Diputados para trabajar e instruir a quienes luego votarán las leyes que llevarán a un país más inclusivo. Lo que Carlos cuenta como parte su “evangelización” sobre discapacidad fue en realidad enseñar y mostrar lo que viven las personas con discapacidad, las trabas para acceder a todos los derechos que la ley supuestamente les garantiza. Se encontró con que muches no sabían nada y su paso por todos esos lugares fue más que fructífero ya que no solo aparecieron rampas en el transporte público, acceso en las veredas y la tarifa diferencial del subte, sino que se sancionó la Ley 24.901 y todas las que le siguieron que crearon un sistema integral de rehabilitación de personas con discapacidad para reinsertarse en la sociedad, para acceder a la salud, para insertarse en el mercado laboral y muchas cosas más.
Argentina tiene un marco regulatorio riquísimo dice Carlos respecto de leyes sobre discapacidad pero la falta de políticas públicas que ayuden a su implementación derivan en que la ley solo sirva para que haya que gritar y reclamar para su cumplimiento. Por eso él siguió yendo a todos los actos y audiencias públicos que había para hacer ruido, para que lo escuchen y para que se entienda que “la discapacidad es una construcción social porque la incapacidad física no es lo que discapacita sino el entorno que no ofrece políticas públicas que garanticen equiparar los derechos de todas las personas”. Este entorno hace cosas como subejecutar los altísimos fondos recaudados por el impuesto al cheque que, se suponen, destinados a programas sobre discapacidad y desviarlos a quién sabe dónde.
Carlos terminó, gracias a su militancia, trabajando en la Defensoría del pueblo, llamado por un funcionario que entendió que para que se cumplan sus derechos debía haber alguien con su compromiso defendiendolos en el lugar correcto.
Pasaron muchos años, y se sancionaron algunas leyes pero el problema sigue siendo el mismo: falta de financiación para políticas públicas y desconocimiento del tema que pone de manifiesto las restricciones con la que se encuentran a diario estos ciudadanos. Para ello Carlos y un grupo de trabajo convocados por CTA crearon una capacitación sobre promotores de la salud y de las personas con discapacidad con la que van a barrios vulnerables a enseñar cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad, una pensión por invalidez, cómo darse de alta en Incluir Salud o conseguir prestaciones en una obra social, van a instruir cosas básicas que el Estado olvidó enseñar. Allí se encontraron con que sólo el 50% de personas con discapacidad del país tienen el CUD pero en los en las villas solo 3 de cada 10 personas con discapacidades tienen el certificado. “La discapacidad y la pobreza caminan de la mano. Un niño malnutrido tiene problemas neuronales a largo plazo”.
Debemos entender que eventualmente llegaremos a la vejez y eso desemboca en movilidad reducida. Por eso es importante acompañar este reclamo con empatía. Quizás sería más fácil que el Estado garantice los derechos de sus ciudadanos y no tengamos que estar pidiendo que funcionen los ascensores del subte, que hagan las señalizaciones para no videntes, que se cumpla el cupo laboral, que capacitan a docentes y provean la cantidad necesaria de acompañantes terapéuticos pero la realidad es que en este país, lleno de leyes por la inclusión (aunque falten unas cuantas aún) luego pasan cosas como Macri desfinanciado el programa Incluir Salud para que los propios ciudadanos que necesitan de esta asistencia lo paguen encubiertamente.
Las barreras de la discapacidad tienen que ver con la inaccesibilidad y hay que seguir luchando porque, aunque no es a la velocidad que queremos, hemos avanzado mucho en los últimos 30 años y podemos avanzar mucho más en los próximos. Y si en todas las Convenciones Internacionales se aclara que los Estados deben generar la toma de conciencia sobre esta problemática, es urgente que esto suceda y que no sea necesario sufrir un accidente para enterarnos lo mal que funciona la garantía de derechos y empezar a luchar por ellos como le pasó a ese joven Carlos Scally.
